Santander, 13 de julio de 2022.- Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y codirectora del curso La Constitución de 1978: entre la permanencia y la renovación, ha participado en este seminario que del 11 al 12 de julio ha acogido el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que celebra en esta edición su 90 aniversario.
La directora del CEPC ha hablado de la reforma de la Constitución de 1978 y ha asegurado que “no se ve en el horizonte cercano una posibilidad de reforma constitucional en España” y por tanto, cree que va a ser necesario “intentar que sean los derechos que tenemos los que den una nueva cobertura. Lo que sí hay que abordar cuanto antes es alguna reforma puntual concreta”, ha sentenciado.
A este respecto, la catedrática Yolanda Gómez, ha denominado este hecho como un “proceso de gran calado” en el que hay que fijar bien “cuáles son las necesidades de la reforma y si la democracia de este país necesita esa reforma para fortalecerse” porque según ha dicho, no se puede hacer una reforma sin un análisis previo” que lleve a la conclusión de que es “absolutamente imprescindible” llevarla a cabo.
Asimismo, Yolanda Gómez ha incidido en la importancia de la búsqueda de “consenso entre todas las fuerzas políticas” ya que, desde su punto de vista, este tipo de reforma “necesita un apoyo político importante de los grupos políticos”.
Otro elemento que ha señalado como “esencial” en este proceso, es saber “buscar el momento en el que esa reforma sea viable dentro del discurrir de la democracia” donde se pretende instaurar.
“Después de más de cuatro décadas de vigencia de la Constitución algunos preceptos podrían ser modificados”, ha manifestado la codirectora del seminario, que ha añadido que el actual texto de 1978 “sigue siendo válido para regular la sociedad democrática española” aunque se puedan incluir nuevos derechos, se pueda modificar el funcionamiento o la composición de alguna institución u órgano.
Para cualquier constitucionalista, la reforma constitucional “no es nada traumático”, ha expresado la directora del CEPC: “Vemos la reforma como un proceso que está incluido dentro de la propia Constitución y está regulado en la misma; lo vemos como un proceso natural”. Sin embargo, ha indicado la importancia de buscar el momento en el que esta modificación del texto constitucional “aporte y no reste al sistema democrático”, ya sea porque genere un “debate político de tal naturaleza que no sea viable” o porque “no se pueda controlar el resultado de manera que sea favorable para los ciudadanos”.
Era digital
La era digital está afectando a muchos sectores, y también afecta al sistema constitucional. Por ello, Yolanda Gómez expresa que ante esta situación de cambio, aquellos que se dedican al derecho constitucional se preguntan “si realmente la Constitución es capaz de articular y de proteger a los ciudadanos ante este alud de novedades tecnológicas” o si por el contrario se necesitan “nuevos derechos”. También plantea si los derechos que ya están recogidos en la Carta Magna o en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dan suficiente cobertura “o si bien tenemos que reinterpretarlos de alguna manera”, es decir, “expandir en la medida de lo posible el contenido esencial de esos derechos para proteger estas nuevas realidades”, ha explicado.
Gómez ha señalado la posibilidad menos remota de acceder a esos “nuevos derechos por la vía legal”, es decir, a través de la legislación y no por la Constitución, con la posibilidad de completar el ordenamiento actual y dotarlo de herramientas para afrontar estos cambios tan disruptivos que estamos sufriendo”.
En este sentido, la directora del CEPC, ha hecho alusión a la necesidad de modificar el término “disminuidos” con el que se refiere la Constitución a los discapacitados: “El artículo 49 sí que debería ser reformado para hablar de personas con discapacidad y no con ese término peyorativo que hace tanto daño a la ciudadanía democrática”.
Sobre el curso
Con respecto al ritmo del curso, la codirectora ha incidido en que una de las conclusiones más destacadas ha sido que “efectivamente todavía estamos en un período en el que la reflexión sobre la Constitución es necesaria” porque “nos encontramos ante un texto y un sistema en su conjunto que tienen que ir adaptándose a las nuevas realidades de la sociedad”.
“Ha habido debates muy interesantes y muy intensos sobre las distintas posiciones” que se han generado en base a los cinco temas principales de discusión. Por un lado, la experta en Derecho Constitucional, ha comentado que se ha analizado el Poder Judicial, poniendo el foco en el Consejo General del Poder Judicial, pero también han tenido su espacio de debate las autonomías, donde según ha manifestado Yolanda Gómez se ha hecho “un balance sobre cómo fue ese modelo y cuáles son las perspectivas de futuro en el estado autonómico”.
La democracia representativa y las elecciones, “un tema de gran importancia en las democracias de nuestro entorno”, ha sido otro de los temas a tratar en los encuentros, ha señalado la codirectora del curso. “La igualdad entre mujeres y hombres y las nuevas tecnologías, específicamente el análisis de influencias de la IA en el sistema democrático”, han cerrado este ciclo de ponencias en la UIMP.
Consejo General del Poder Judicial
Con respecto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, la catedrática de Derecho Constitucional ha señalado que se trata de una institución que se encuentra presente en otros países europeos pero que “no hay un modelo europeo para todos los países” y ha señalado que “hay que intentar ajustar el modelo de órgano que tengas en un país a cual sea la estructura global democrática del mismo”.
En este sentido, Yolanda Gómez ha expuesto la situación de otros países que por ejemplo, integran en este órgano a ministros de justicia o a miembros elegidos por el presidente, algo que ha señalado que en España “nos chocaría mucho”. Por ello, ha defendido que “no se puede decir que nosotros tengamos un modelo que no sea viable o que choque contra el sistema democrático” ya que “no existe un modelo único para toda Europa”.
