Santander, 8 de septiembre de 2021-. Abordar una reorganización justa de los cuidados es para Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, una “urgencia” que debe afrontar el Gobierno de España. “Tenemos la responsabilidad de ver cómo se construye un modelo y diseño de políticas públicas que garanticen derechos a los cuidados en este país”, asegura.
Morillas dirige el encuentro Hacia una radicalización feminista de la democracia, parte de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Morillas señala que “todas las personas necesitamos ser cuidadas en algún momento de nuestras vidas” y advierte de que estas labores, en la mayoría de los casos no remuneradas, recaen principalmente sobre las mujeres ”incidiendo directamente en el mercado laboral”, por lo que es una problemática que hay que abordar “con perspectiva de género para que no se reproduzcan las desigualdades”.
Esta reorganización de los cuidados forma parte de un “menú de urgencias amplio” que según Morillas tiene el Gobierno de España en materia de Igualdad, entre los que se incluye también la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, una normativa cuya modificación está “en proceso de diálogo y participación”.
La directora explica que desde su institución las prioridades son “derogar la modificación de 2015 que limitaba derechos sexuales de niñas de 16 y 17 años, eliminar los tres días de reflexión, pero sobre todo garantizar educación sexual integral para todos”. En este ámbito Morillas destaca que “hay un amplio margen de mejora” para construir una educación sexual “en todas las etapas de la vida y todas las etapas educativas”.
Democracia feminista
El encuentro académico trata de profundizar en la conexión entre el debate universitario y la formulación de políticas públicas, uno de los objetivos principales del Instituto de la Mujer. “Tenemos la responsabilidad de impulsar y promover la aplicación de la perspectiva de género de una manera transversal en todas las políticas públicas que se impulsan desde el Gobierno de España”, explica.
Esta perspectiva ayuda a conseguir, de acuerdo a Morillas, una democracia más justa, apoyándose en los movimientos sociales. “Muchos de los avances democráticos responden a las luchas y a los derechos conquistados por los movimientos feministas”, asegura, y cita como ejemplo el derecho al divorcio. De este modo, Morillas llama a “seguir trabajando desde la óptica de ensanchar y mejorar las condiciones de vida de todos” desde una perspectiva feminista “Sin feminismo no hay democracia”, apunta.
En este sentido, Morillas incide en la necesidad de tener en cuenta la igualdad para construir una democracia más plena. “Consideramos que el contrato social sobre el que se ha fundamentado esta democracia se ha construido desde la exclusión de las mujeres y ciudadanía de segunda por parte de las mujeres”, señala.
De ahí que, para la directora del curso, sea esencial trasladar todos estos debates a las políticas públicas. “En este curso pretendemos analizar marcos e instrumentos que nos permitan identificar las desigualdades de género en el ámbito económico, social, judicial, de manera que podamos extraer conclusiones para fortalecer derechos feministas y ampliar la democracia desde mirada inclusiva”, añade.
Agresiones homófobas
La directora del curso señala que el movimiento feminista “debe establecer alianzas con el movimiento LGTBI+”, ya que en su opinión las problemáticas que sufren ambos colectivos “se retroalimentan” y tienen su base en el mismo origen, “el patriarcado”.
En este sentido, Morillas se refiere al “repunte” vivido en España de agresiones homófobas y reflexiona sobre el papel de los organismos públicos . “Nos tiene que situar ante una responsabilidad de estado para ver qué tipo de políticas públicas podemos aplicar para acabar con los discursos de odio”, afirma.
Estos discursos son en su opinión “el principal caldo de cultivo de esta violencia”, que señala, “se reitera y está en un momento de escalada”. De este modo, Morilla llama a “condenar y poner coto a los discursos de odio”, cuyos emisores son, según apunta, “responsables públicos en muchas ocasiones”.
