Santander, 23 de junio de 2021.- Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han anunciado este miércoles que el acuerdo en materia de pensiones con el Gobierno y las patronales podría aprobarse la semana que viene y supondría derogar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, principales elementos de las reformas realizadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy para, a su juicio, “reducir las pensiones del futuro”.
Así lo han manifestado durante su intervención en las jornadas organizadas por la APIE La economía de la pandemia, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Según ha señalado Álvarez, esta primera parte de la reforma de pensiones que las organizaciones sociales esperan cerrar la próxima semana implicaría "conseguir" una "vuelta al año 2011" para, a partir de ahí, "sentar las bases de un nuevo acuerdo".
En este sentido, ha anticipado que este nuevo pacto "con toda seguridad será más difícil" pues supone "abordar temas más complejos, de reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social". "Estoy convencido de que no será tan fácil", ha recalcado.
Estas medidas "a medio y largo plazo" de la segunda fase de la reforma, ha abundado Sordo, estarían enfocadas a "mejorar la estructura de ingresos", ante un aumento de gasto en pensiones de 3 ó 4 puntos de PIB, con el fin de que las pensiones se financien "preferentemente con cotizaciones, pero no solo con cotizaciones", con la necesidad de transferencias vía Presupuestos Generales del Estado.
Ambos han destacado que la sostenibilidad de las prestaciones depende de la cantidad de “dinero del Presupuesto General del Estado que se esté dispuesto a invertir”. “Habrá pensiones siempre y cuando el país quiera que las haya, pero para eso hace falta una inversión de más de 30.000 millones de euros hasta 2048”, ha puntualizado Sordo, que ha recordado que el plan en vías de negociación está pensado para un plazo de 15 o 20 años al que habrá que dar continuidad superado ese tiempo.
SMI y Garamendi
En paralelo, los dirigentes sindicales también han anunciado movilizaciones en caso de que el Ejecutivo no apruebe la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año. “El Gobierno va a tener que subir el SMI, no hay ninguna razón para no hacerlo. Estamos en unos niveles de inflación altísimos y una gran parte de la población con ingresos insuficientes necesita mantener su nivel de vida”, ha dicho Sordo, a quien Álvarez ha respaldado al afirmar que “el Gobierno debe poner nivelar el SMI al 60% de la media salarial”.
Ambos líderes han hecho también referencia a la polémica en torno a las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los indultos a los presos del procès. Tanto Álvarez como Sordo han mostrado su repulsa hacia las críticas vertidas sobre el representante de la patronal y han asegurado que "no se puede linchar a nadie por que exprese una opinión".
En este sentido, el secretario general de CCOO ha dicho que a él le consta que hay "altísimos responsables económicos" que están priorizando la estabilidad política en España y que creen que "reconducir la situación en Cataluña" es bueno para el país. En su opinión, en una España que va a tener que afrontar "retos de mucha intensidad" en los próximos meses, desde las empresas y desde las distintas administraciones, no conviene "este grado de crispación política", al tiempo que ha subrayado que "la estabilidad es un valor" y para muchos responsables empresariales una cuestión clave.
Por último, ambos dirigentes han alabado las políticas de recuperación planteadas desde la Unión Europea y también las puestas en marcha por el Gobierno de Joe Biden en EE.UU. “Creo que revierte una gran importancia cualitativa el hecho de que por primera vez se haya generado un fondo de deuda común”, ha valorado el dirigente de UGT respecto a los fondos de ayuda comunitarios.
Sordo y Álvarez han destacado la figura del ERTE como salvaguarda y sostén económico durante la crisis, pero también han advertido de que “es necesario repensar un nuevo contrato social, mejorar el tejido público y laboral y equilibrar la diferencia fiscal respecto a la media europea”.
