Santander, 17 de julio de 2019-. La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España Martí, considera que “la privacidad es como la salud”. “No la valoramos hasta que la perdemos”, ha dicho este miércoles al inaugurar el encuentro La Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales: orientaciones para su aplicación, que tendrá lugar hasta el viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
España Martín, quien también dirige estas jornadas, ha repasado durante su intervención el contenido del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que lo desarrolla en España, así como las consecuencias de ambas normas.
Ha ensalzado la flexibilización del tratamiento de determinados datos que los dos textos han introducido en algunos sectores, como el de la salud; lo que, a su juicio, facilitará el diagnóstico y la prevención de ciertas enfermedades, al, por ejemplo, permitir saber más del perfil de los pacientes a los que afectan.
“No conozco otra ley en el ámbito europeo que haya apostado más por la flexibilidad, y por intentar favorecer la mediación, para que las supuestas infracciones o los problemas se resuelvan en primera instancia, en el ámbito del responsable”, ha señalado al abordar la Ley Orgánica.
En la misma línea, ha explicado que ese texto normativo prevé la posibilidad de que las reclamaciones sean enviadas “directamente” por el ciudadano afectado a su causante, a la empresa responsable del “perjuicio” que se le haya generado o, en el caso de haberlo asignado, a su delegado de protección de datos.
España Martí ha apuntado que el plazo para resolver las solicitudes por esa vía es de noventa días, tras los cuales pasa a ser competencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Ha destacado también que, en esa primera instancia, los más de 35.000 delegados de protección de datos inscritos en el organismo dieron respuesta el año pasado a unas 4.000 peticiones.
“Siete de cada diez reclamaciones se están resolviendo satisfactoriamente en ese ámbito. Eso supone que en menos de noventa días el ciudadano afectado tiene resuelta su pretensión, y la Agencia puede dedicar los efectivos que tiene, que son muy valiosos, pero escasos, a los temas de impacto masivo”.
La directora ha subrayado la necesidad de que la AEPD “haga un análisis crítico” de sus actuaciones, para lo que ha pedido la colaboración y “participación activa” de quienes aplican las normas de su competencia.
“La vida digital y la protección de datos ya no es algo accesorio, burocrático y pesado, sino que es algo que está afectando a nuestro día a día”, ha reiterado España Martí, quien ha puesto como ejemplo el caso de la trabajadora de un grupo industrial que se suicidó por la difusión de un vídeo de contenido sexual en el que aparecía.
Ha insistido, asimismo, en la “función preventiva” que ostenta la AEPD respecto a temas “especialmente sensibles”, como son los datos referidos a menores de edad. Ha hablado así de la potestad del organismo de dictar medidas cautelares con carácter urgente e inmediato, en un “plazo mucho más breve” que los que maneja el poder judicial, para paralizar la difusión de grabaciones “humillantes” para niños o jóvenes.
El jefe del Gabinete Jurídico de la AEPD y abogado del Estado, David Javier Santos Sánchez, y el letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Javier Sempere Samaniego, también han intervenido en la primera mañana del encuentro La Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales: orientaciones para su aplicación.
“La cultura de la protección de datos va calando, ya se empieza a valorar la protección de datos, y ahora lo que hay que hacer es terminar de entenderla y aplicarla correctamente”, ha opinado Santos Sánchez.
Por su parte, Sempere Samaniego ha centrado su ponencia en los derechos digitales que se ven afectados por este ámbito normativo, entre los que ha mencionado el derecho a la intimidad frente a dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el trabajo, o el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en espacios laborales.
Foto: Juan Manuel Serrano (UIMP)
