Santander, 6 de septiembre de 2021- La directora de Política Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, participó la semana pasada en el seminario Las tres transiciones: digital, ecológica y socioeconómica. Visiones desde la Unión Europea y América Latina, parte de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Preguntada durante el curso, ha asegurado que “la transición energética forma parte, lógicamente, de la transición ecológica, pero también tiene una dimensión socioeconómica importante y yo diría también digital”.
En relación a la implicación socioeconómica, ha dicho: “Sabemos que la transición energética es costosa, pero hay un compromiso en la Unión Europea (UE) de que esa transición sea justa, o sea que no deje a ninguna región ni ningún ciudadano de la UE fuera de la misma y que este coste no impida que esta transición se produzca”. En relación al proceso de digitalización, ha explicado que “hay determinados sectores de la energía, como la producción de renovables o la eficiencia energética, que necesitan la transición digital también”.
Una transformación con unas implicaciones tan transversales debe contar con el esfuerzo de muchos agentes internacionales distintos. “La Unión Europea representa solamente el 9 % del total de los gases de efecto invernadero”, ha recordado Lobillo. “Por lo tanto, tenemos que trabajar también con otros países para que este esfuerzo sea mundial, y esto es precisamente lo que establece el Acuerdo de París”. Firmado en 2015 por más de 190 países, este tratado internacional jurídicamente vinculante “marca un antes y un después en la lucha contra el cambio climático”. Una nueva geopolítica del clima y de la energía que “está precisamente marcada por esta mayor ambición climática de la UE”.
En este nuevo tablero de juego son fundamentales las relaciones de la Unión con países terceros, tanto en lo multilateral como en lo bilateral. “Las relaciones han estado tradicionalmente centradas en aquellos países que nos abastecen petróleo y de gas, —ha referido Lobillo— en el futuro vamos a tener que trabajar en el contexto de las negociaciones climáticas, pero también con aquellos países que nos van a proporcionar los minerales y materiales necesarios para la transición energética”.
Por último, dentro de la dimensión internacional ha señalado un componente importante en la cooperación al desarrollo, “donde una de las líneas de financiación es también poder ayudar tanto a la adaptación como a la mitigación al cambio climático”.
Pacto Verde Europeo
Cristina Lobillo ha explicado algunas medidas concretas con las que la Unión Europea está afrontando los desafíos de la transición energética, comenzado por hablar del Pacto Verde Europeo, “una estrategia climática, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también una estrategia de crecimiento y de generación de empleo”. En este sentido, ha explicado que “hoy en día producir y consumir energía supone un 75 % del total de los gases de efecto invernadero. Por eso el reto de la política energética es fundamental: tenemos que hacer una transición en la Unión Europea que consiste precisamente en pasar del consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas, a la producción o al consumo de energías renovables y de nuevas tecnologías”.
Desde la Comisión Europea han propuesto la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética y la Directiva de Energía Renovable. “Estas dos directivas son fundamentales para asegurar el cumplimiento del 55 % de reducción de emisiones. La Comisión ha propuesto un incremento del objetivo que teníamos para producir y consumir energías renovables, en concreto un 40 % en el año 2030, y también hemos hecho lo mismo con la eficiencia energética, o sea hemos aumentado el objetivo entre el 36-39 %”. La directora general ha destacado también, dentro de un “ambicioso paquete” de trece medidas que la Comisión ha adoptado recientemente, las propuestas relativas al mercado de derecho de emisiones de carbono, a la fiscalidad energética, además de un mecanismo de ajuste en frontera pionero en la UE.
