Santander.- Rafael de la Sierra, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, acompañado de Marcos Gómez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, y Eduardo Vázquez de Castro, vicerrector de Internacionalización y Campus de Las Llamas, ha inaugurado el encuentro Los desafíos de la transparencia administrativa: la comunicación entre la Administración y los ciudadanos, que se celebra en el marco de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y que tiene como objetivo analizar los problemas y desafíos prácticos que plantea el cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se aprobó en diciembre de 2013.
De la Sierra ha asegurado que “la transparencia contribuye en muchas ocasiones a la eficacia en la acción de gobierno y facilita la gestión”. Y es que, a su parecer, “la sociedad valora mucho el sentido común a la hora de gobernar y rechaza determinado tipo de acciones que generan la sensación de que se le oculta la verdadera razón de la acción”. Asimismo, ha valorado que la transparencia administrativa se puede ver como “modo de evitar la corrupción”, y que además permite “mostrar la diligencia de las instituciones, y favorece la eficiencia, porque el sistema se valora continuamente a través de la opinión pública y la oposición gracias a la información de la que se dispone”.
Por último, ha subrayado que Cantabria “ha mejorado sensiblemente” en los últimos dos años, y que actualmente cuenta con una calificación de sobresaliente en el índice elaborado por Transparencia Internacional, tras adherirse al convenio con el Consejo de transparencia y buen gobierno en esta última legislatura: “Somos una de las administraciones públicas que menos reclamaciones tiene y a nivel de transparencia nos situamos por encima de la media de España”, ha recalcado.
Por su parte, Gómez, encargado también de dirigir el encuentro, ha afirmado que “la información es la clave de la rendición de cuentas y de la exigencia de responsabilidades políticas y penales”, y que en este ámbito, “las leyes importan, pero más aún su cumplimiento, la efectividad real”.
El catedrático ha explicado que el encuentro se centra en la variable jurídica que atañe al acceso a la información de los ciudadanos y la trasparencia administrativa, especialmente en “la calidad de las normas y la seguridad jurídica, la nitidez del contenido y la sencillez y rapidez de los procedimientos”.
Pese a todo, ha asegurado que “de poco sirve la transparencia ante una opinión pública desinteresada, falta de formación o desinformada”. Por eso, ha reiterado que “es importante que la sociedad civil le dé la relevancia y valoración adecuada a la información para que tenga la significación y trascendencia que deba tener desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades”.
Fotografía: UIMP 2017 | Esteban Cobo
