Santander.- La presidenta-directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire, el director de Civio Fundación Ciudadana, David Cabo, el periodista de El Confidencial, Jesús Escudero y el director general de Servicio y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Cantabria, Bernardo Colsa, han participado en una mesa redonda, moderada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, Marcos Gómez, sobre Participación ciudadana, medios de comunicación y derecho de acceso a la información administrativa dentro del encuentro Los desafíos de la transparencia administrativa: la comunicación entre la Administración y los ciudadanos, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Darbishire ha destacado que en otros países “las solicitudes de información están siendo el motor del cambio cultural en materia de transparencia”, mientras que en España “se está perdiendo este tipo de presión positiva, ya que es muy difícil solicitar información”. Asimismo, ha recordado que “conseguir una ley de transparencia no es solo conseguir un documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sino que debe implicar también un cambio cultural”. La Ley de Transparencia española es “solo el primer paso de este cambio”, ha asegurado. En el caso español, la Ley de Transparencia “es bastante de mínimos, falta claridad sobre como encajarla en el marco legal general”. Por ejemplo, la presidenta-directora ejecutiva de Access Info Europe ha resaltado que “todavía no tenemos clara la interacción entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos”.
“La información es poder y es esencial para tomar conciencia de las decisiones que tomamos”, ha insistido Darbishire, quien ha asegurado que en España “seguimos litigando para saber que está haciendo el gobierno en materia de transparencia”, y es que “hemos hecho progresos pero hay mucho trabajo por delante”, ha concluido.
Por su parte, Cabo ha destacado que con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia “perdimos dos de las grandes batallas: que la ley fuese orgánica y que el órgano de control no dependiese del Ministerio de Hacienda para que fuera independiente”. Además, Cabo ha coincidido con Darbishire en que con el actual sistema de solicitud de información “hasta la pregunta más pequeña se convierte en una batalla”.
En esta línea, Escudero ha considerado que la ley actual es “muy compleja por sus múltiples interpretaciones”. Tanto es así, ha afirmado, que “la Administración se aferra a cualquier dato para denegar el acceso”. Frente a esto, el periodista ha destacado que “el acceso parcial debería ser la regla y no la excepción”. Además, sobre la reelaboración de información como causa de inadmisión que contempla la Ley, Escudero ha considerado que “esto invita a la Administración a tener mal estructurada la gestión de la documentación en el archivo y a no proporcionar recursos para la transparencia”.
En último lugar respecto a la tramitación de la Ley de Transparencia de Cantabria, Colsa ha destacado que “esta tierra solo puede ser gobernada si implicamos a los ciudadanos en el conocimiento”, y para ello “en la medida que implantamos la transparencia impartimos unas líneas generales sobre cómo se debe proporcionar la información, es decir, un procedimiento de actuación”. En Cantabria, “somos la única Administración que mejoró en términos de transparencia en la última ronda de evaluación de Transparencia Internacional”, aunque “todavía nos queda mucho trabajo”, ha concluido.
Fotografía: Crédito UIMP 2017 | Juan Manuel Serrano
