Santander.– La preocupación por El envejecimiento de la población trabajadora, cobra protagonismo en la UIMP con un curso que está analizando las políticas y acciones a llevar a cabo para la gestión de la edad en las empresas y la prevención para que no se vulneren los derechos básicos de igualdad, no discriminación y protección de la seguridad y salud en el trabajo.
El curso, organizado en colaboración por el Gobierno de Cantabria y el Gobierno Vasco, ha sido inaugurado por Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Ejecutivo cántabro y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Manuel Velázquez, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya, Juan Ignacio Marcos, abogado y coordinador del Observatorio Vasco del Acoso y la Discriminación, Ángel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, y Álvaro Gutiérrez Berlinches, secretario general de la UIMP.
Juan Ignacio Marcos ha recordado que el FMI afirma que el problema del descenso de la productividad se ve acentuado con la población del baby boom, la cual "llegará en siete años a su etapa de jubilación". Marcos ve necesaria una política de integración de inmigrantes, por lo que ha apelado a "un gran pacto de estado" compartido con las políticas de cada comunidad autónoma.
Por otro lado, Manuel Velázquez ve apremiante "reflexionar sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y las perspectivas de las políticas de empleo".
El consejero de Empleo del Gobierno Vasco, Ángel Toña, considera que "el envejecimiento de la población es un problema global de las sociedades maduras como la europea", que tiene repercusiones "con profundas consecuencias intergeneracionales". En su opinión, el principal problema es el paro, y aunque se ha conseguido un mayor número de afiliados a la seguridad social, lo importante es generar "riqueza y potencia". Toña ha explicado que los mayores de cincuenta años parados de larga duración son denominados "la sociedad sólida", frente a los jóvenes, a los que se les denomina "la sociedad líquida o incluso gaseosa", porque les cuesta cada vez más integrarse en la sociedad con un empleo que les permita organizar sus vidas y formar una familia.
Asimismo, Toña ha hecho referencia a los que soportan cargas de cuidado familiar, y ha lamentado que exista trabajo necesario para la sociedad que no está remunerado. "Necesitamos una remuneración adecuada del trabajo, que cohesione y que proporcione estabilidad", ha subrayado.
Por su parte, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos ha reflexionado sobre "la necesidad de mejorar la realidad sociológica que tenemos por delante" y ha recordado que en 1900 la esperanza media de vida era de 35 años y en 2015 de 81 años. Así, el envejecimiento de la clase trabajadora ha supuesto "la victoria de prolongar la vida con los avances médicos, pero trae la controversia de vivir con discapacidades".
Por otro lado, Díaz Tezanos también ha recordado que muchos extranjeros inmigrantes con índices de natalidad superiores a los de España han regresado a sus países de origen, por lo que "el desafío más crítico se sitúa en la crisis de natalidad". Asimismo, ha lamentado "la precariedad de los contratos y su escaso aporte a la Seguridad Social".
Para la vicepresidenta, "es necesario buscar fórmulas que garanticen soluciones a las pensiones a medio y largo plazo", para lo que el sistema público debe asegurar "una jubilación digna". Por eso, es necesario "recuperar el Pacto de Toledo o un pacto nacional de solidaridad", ha dicho. La situación de la ley de dependencia ha ido en detrimento de pacientes y cuidadores y sitúa al Gobierno ante el reto de "prever y resolver". En opinión de Díaz Tezanos, "los cambios deben afianzar unas condiciones de seguridad en el trabajo sin olvidar el factor humano. Existen millones de personas que esperan un camino de dignidad al final de sus vidas y tenemos que adaptar el entorno a los cambios que garanticen las condiciones favorables para el final de nuestras vidas en la tercera y la cuarta edad".
